#Apuestas. La Agencia Española de Protección de Datos ha tomado una decisión contundente: las universidades en España no podrán seguir utilizando tecnologías de reconocimiento facial para vigilar a los estudiantes durante los exámenes online, salvo que exista una base legal específica que lo autorice.
La medida marca un antes y un después en el debate sobre hasta dónde pueden llegar las instituciones educativas al implementar sistemas de vigilancia tecnológica. Hasta ahora, muchas universidades habían justificado el uso de estas herramientas como una forma de evitar el fraude y garantizar la igualdad de condiciones en los exámenes online. Sin embargo, el uso de tecnologías que captan y procesan datos biométricos entra en conflicto directo con los principios del Reglamento General de Protección de Datos, especialmente cuando no hay un consentimiento libre, informado y opcional.
El caso de la Universitat Internacional Valenciana
La resolución de la AEPD surge a raíz de una denuncia contra la Universitat Internacional Valenciana, que implementó un sistema obligatorio de vigilancia durante los exámenes en línea. Este sistema utilizaba inteligencia artificial para realizar un reconocimiento facial continuo y requería el uso de una doble cámara para monitorear tanto al estudiante como su entorno. Además, se capturaban imágenes del escritorio del alumno y se analizaban en tiempo real para detectar posibles fraudes.
La UIV argumentó que los datos eran seudonimizados y eliminados rápidamente, y que el consentimiento del alumnado se obtenía al aceptar las condiciones generales al matricularse. Sin embargo, la AEPD concluyó que este consentimiento no era válido, ya que no se ofrecían alternativas al sistema de vigilancia, lo que obligaba a los estudiantes a aceptar el tratamiento de sus datos biométricos sin una opción real de negarse.
Este caso pone de manifiesto un mal uso tanto de la inteligencia artificial como de los datos personales, especialmente en un contexto tan sensible como el educativo. Contrasta con sectores como el del casino online España, donde la IA se está utilizando de forma responsable y bajo una regulación clara. Por ejemplo, las plataformas están obligadas a cumplir con protocolos estrictos, como la verificación de identidad, límites de depósito y alertas de comportamiento, todo bajo el marco legal de la Dirección General de Ordenación del Juego.
Datos biométricos, una categoría especial
Los datos biométricos, como los patrones faciales, son considerados de categoría especial según el Reglamento General de Protección de Datos. Esto significa que su tratamiento está sujeto a restricciones más estrictas y solo puede realizarse en circunstancias excepcionales con garantías adecuadas.
Esta falta de proporcionalidad y transparencia contrasta con sectores como el del casino online en España, donde el uso de tecnologías avanzadas está mucho más regulado. Las plataformas de tragaperras emplean sistemas automatizados que pueden apoyarse en inteligencia artificial, pero sin llegar al punto de procesar datos biométricos sin una base legal clara. Por ejemplo, para verificar la identidad de los usuarios o prevenir conductas adictivas, se recurre a métodos seguros y respetuosos con la privacidad, como bases de datos públicas, controles de actividad y límites autoimpuestos.
Es decir, mientras en el juego online se aplican mecanismos de control equilibrados entre la protección del usuario y la seguridad de la plataforma, en el entorno universitario afectado se sobrepasaron los límites sin respaldo normativo.
Hacia una regulación específica
La AEPD no descarta la posibilidad de que el reconocimiento facial se pueda utilizar en el futuro para la supervisión de exámenes en línea, pero subraya la necesidad de desarrollar una normativa específica que determine en qué casos, condiciones y bajo qué garantías puede realizarse este tratamiento biométrico. Esta normativa debería establecer claramente los límites y las salvaguardias necesarias para proteger los derechos y libertades de los estudiantes.
La decisión de la AEPD se enmarca en un contexto global de creciente preocupación por el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Estas iniciativas reflejan una tendencia hacia una mayor protección de los datos personales y una regulación más estricta del uso de tecnologías biométricas.